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La empresa cuestionó que se concediese a otra firma el suministro de un centro de gestión para los bomberos. El Concello revisó el proceso pero adjudicó el contrato a la misma compañía

Telefónica ha detectado una “grave violación de los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación” en el concurso adjudicado por el Ayuntamiento de A Coruña para el suministro de un centro móvil de gestión y coordinación de emergencias destinado al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). La multinacional denunció el año pasado que el Concello había optado por la solución A presentada por la empresa Iturri sin analizar de forma correcta el resto de ofertas. El Gobierno municipal accedió a revisar el proceso pero, al final, las quejas de la compañía de telecomunicaciones no sirvieron para nada, pues la mesa de contratación adjudicó de nuevo el proyecto a Iturri, aunque esta vez apostó por la opción B.

La Junta de Gobierno Local adjudicó en junio de 2010 el suministro de un nuevo equipo para la gestión y coordinación, “con capacidad de comunicaciones”, para los bomberos. Apostó por la solución A aportada por Iturri; era la oferta más económica: 492.074,47 euros. Sin embargo, Telefónica cuestionó la decisión del jurado porque, al igual que Iturri, había presentado dos opciones diferentes y el Ayuntamiento puntuó ambas con la misma nota. La asesoría jurídica del Concello recomendó revisar la adjudicación, pero Telefónica fracasó en sus esfuerzos por hacerse con el contrato. Al final, se readjudicó el contrato a Iturri, aunque en vez de elegir su primera opción se apostó por la segunda.

El recurso de Telefónica fue demoledor. En su escrito, la compañía dudó de la legalidad de la primera adjudicación y sostuvo que el Gobierno local sí analizó las dos propuestas de Iturri, pero no las suyas: “De manera sorprendente, la puntuación técnica de la solución B de la UTE (unión temporal de empresas) Telefónica/Tecnove no aparece en el informe técnico y en el económico, simplemente, se presupone. Parece como si habiéndose olvidado de realizar esa valoración y percatándose después de su omisión se hubiera querido solventar ese error trasladando exactamente la valoración técnica de la primera opción a la segunda”.

Telefónica denunció que se había producido una “exclusión injustificada” y una “gravísima transgresión del principio de libre concurrencia”, por lo que demandó la “nulidad de todo el procedimiento”. La empresa incluso calificó como “extrañas coincidencias” que el Ayuntamiento se negase a facilitarle la documentación aportada por Iturri y se reservó el derecho de recurrir a los tribunales.

Ante las quejas de la multinacional, el Ayuntamiento accedió a revisar las ofertas -las dos opciones de Telefónica, las dos de Iturri y otra de la empresa Emergencia 2000-. El Concello evaluó de nuevo las propuestas y llegó a la conclusión de que la mejor oferta era de Iturri, solo que esta vez escogió la segunda solución en lugar de la primera. El nuevo importe del servicio alcanza los 595.450,73 euros -es decir, 103.376,26 euros más que en la primera adjudicación-.

El Ayuntamiento fue incluso más allá y destacó que la segunda opción presentada por Telefónica -que, según la propia empresa, los técnicos ni siquiera habían evaluado en la primera adjudicación- no mejoraba, “en ningún caso”, la primera propuesta. Con los informes técnicos sobre la mesa, la Junta de Gobierno resolvió la adjudicación a finales del año pasado.

“Tal y como nos retó la portavoz socialista (Carmen Marón) en el pleno del lunes, hemos accedido al perfil del contratante del Ayuntamiento y, en tan solo 24 horas, hemos podido localizar 245 obras de las 256 que se han adjudicado sin concurso público (en los últimos tres años)“, afirmó ayer Julio Flores, concejal del PP, lo que según sus cálculos son nueve de cada diez contratos. La oposición entregó un escrito en el registro municipal en el que solicita los expedientes de todos los proyectos contratados a lo largo de esta última legislatura.

El Partido Popular ya denunció a principios de esta semana que el Concello coruñés repartió 60 millones de euros en obras a través de concursos a los que no se pudieron presentar todas las empresas que así lo estimasen oportuno. Flores aseveró que llegarán “hasta el fondo” de este “turbio asunto” porque, según la oposición, el Ayuntamiento ha vulnerado los principios de “competencia e igualdad de oportunidades”.

El concejal recordó que la ley permite adjudicar obras por importe inferior a 200.000 euros mediante un procedimiento negociado sin publicidad, aunque recomienda que se realice de forma excepcional. Sin embargo, para el PP, el Concello se aprovecha de esta situación para convertirla en una práctica habitual: “Losada (en referencia al alcalde, Javier Losada) hace un uso abusivo de una excepcionalidad”.

La oposición no descarta acudir a los tribunales si, una vez analizados los expedientes, detecta irregularidades: “Hemos comprobado la música que le gusta tocar a Losada en la operación Dedazo y ahora vamos a investigar cuál es la letra de la canción, sobre todo la letra pequeña, para saber si se está beneficiando a determinadas empresas y despilfarrando conscientemente el dinero de los coruñeses”, apostilló Flores.

Respuesta desde María Pita

El Ayuntamiento negó las acusaciones del PP y acusó a su portavoz, Carlos Negreira, de mentir y poner en duda la labor de los técnicos. El Concello defendió que las adjudicaciones se aprueban de acuerdo a la legislación actual y que se trata de una estrategia de la oposición para “compensar” su falta de proyecto político.

VÍa | La Opinión de Coruña (en la foto, José Federico Nogueira Fernández, Teniente de Alcalde del Concello de A Coruña)